Enfoque temático

De los numerosos conflictos y crisis que se desarrollan actualmente a nivel mundial, la situación en Myanmar es, sin duda, una de las menos difundidas. Sin embargo, el país sufre un conflicto prolongado, opresión militar, políticas fiscales punitivas contra su población migrante y los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Caracterizada por la ONU como una «policrisis» , todos estos factores se han convertido cada vez más en importantes impulsores del desplazamiento y la migración, generando dinámicas migratorias mixtas, amplias y complejas en la región del Sudeste Asiático.

Cuatro años después del golpe militar de 2021, en el que el Tatmadaw derrocó y encarceló a la líder electa Aung San Suu Kyi y a sus colegas de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el ejército continúa luchando contra su propia población en muchos frentes, a pesar de controlar efectivamente solo el 21 por ciento del territorio.

Antes del golpe militar, aproximadamente un millón de personas en Myanmar ya necesitaban ayuda humanitaria, pero ahora la cifra ha superado los 18 millones —alrededor de un tercio de la población—, con más de 3.5 millones de ellas desplazadas internamente. Es importante destacar que la dinámica migratoria posterior a 2021 no se produce de forma aislada. Durante décadas, la inestabilidad de Myanmar y su historial de persecución de las minorías —en particular, los rohingya— han obligado a muchas personas a exiliarse en toda la región. Bangladesh, por ejemplo, sigue acogiendo a casi un millón de refugiados rohingya , mientras que Tailandia alberga a más de dos millones de trabajadores migrantes de Myanmar (además de muchos más con estatus irregular) y Malasia sigue siendo un destino clave tanto para solicitantes de asilo como para quienes buscan empleo. Otro destino importante —y también país de tránsito— es Indonesia, que ha recibido numerosas llegadas de embarcaciones en los últimos años. Por lo tanto, los movimientos migratorios actuales agravan una situación de migración y desplazamiento más amplia y de larga data en la región del sur y sureste de Asia.

En 2025, las autoridades de facto de Myanmar introdujeron nuevas leyes sobre impuestos y remesas , principalmente para obtener inyecciones regulares de efectivo que pudieran fortalecer sus insuficientes finanzas. Según estas leyes, los trabajadores migrantes regulares deben devolver al menos el 25 por ciento de sus ingresos mensuales a través de canales oficiales reconocidos por las autoridades de facto, además de pagar entre el 2 y el 25 por ciento de impuestos sobre los ingresos extranjeros. En esencia, los trabajadores migrantes pagan impuestos dos veces , además de tener que pagar impuestos sobre la renta en sus países de acogida. Estas restricciones financieras podrían empujar a miles de personas a la inestabilidad económica, así como disuadir a las personas de seguir vías de movilidad regulares, ya que las leyes tributarias solo se aplican a los migrantes documentados. Los millones de ciudadanos de Myanmar que trabajan en empleos precarios en Tailandia y otros países de la región son particularmente afectados por esto.

Para colmo, el Tatmadaw introdujo nuevas políticas de reclutamiento en 2025, obligando a hombres de entre 18 y 35 años y a mujeres de entre 18 y 27 años a prestar servicio militar . Si bien esto probablemente impulsó la emigración de Myanmar para quienes deseaban evitar el servicio militar obligatorio, regresar a casa se vuelve prácticamente imposible para los trabajadores migrantes debido a la inseguridad y el reclutamiento forzoso. Esto provoca que los trabajadores migrantes se vean cada vez más obligados a realizar trabajos precarios, lo que genera irregularidades y agrava su vulnerabilidad.

Entre los 3.5 millones de desplazados internos que viven en Myanmar, se estima que 619,429 son rohingyas que residen en el estado de Rakhine , donde los enfrentamientos entre el Tatmadaw y el Ejército Arakan (AA) se han intensificado desde la toma del poder por los militares. La persecución de esta minoría musulmana es de larga data y, en 2017, una ofensiva militar que derivó en violaciones ampliamente consideradas como genocidio obligó a más de 700,000 rohingyas a huir a Bangladesh, elevando la población total de refugiados en ese país a casi un millón. Quienes permanecen en Rakhine siguen enfrentando persecución constante y son confinados habitualmente en campos de desplazados internos, donde sufren graves restricciones a la libertad de movimiento y un acceso limitado a la educación, la atención médica y los medios de subsistencia, además de ser prácticamente apátridas.

Actualmente, aproximadamente un millón de refugiados rohingya viven en los campamentos de Cox's Bazar y sus alrededores, en Bangladés. Estos campamentos se encuentran entre los más grandes y densamente poblados del mundo, y las condiciones de vida son precarias: los recortes en la financiación internacional han reducido drásticamente las raciones de alimentos , mientras que servicios como la atención médica y la educación son prácticamente inexistentes. Asimismo, las oportunidades de subsistencia son extremadamente escasas. Por estas razones, algunos rohingya han intentado abandonar estos campamentos, viajando en barco hacia países como Malasia e Indonesia.

En enero de 2025, la guardia costera malasia anunció que duplicaría las patrullas para localizar más embarcaciones con personas procedentes de Myanmar, tras haber detenido a casi 200 en una isla del noroeste del país pocos días antes del anuncio. Malasia también colabora con la guardia costera tailandesa para interceptar embarcaciones procedentes de Myanmar. Quienes logran llegar a Tailandia son deportados a Myanmar , donde son reclutados sistemáticamente para unirse a las fuerzas armadas de la junta militar. En este complejo escenario , proliferan problemas como la delincuencia, la violencia, el contrabando, la trata de personas, las agresiones sexuales y los asesinatos.

En India, a pesar de las condenas públicas que recibe el país por sus decisiones y acciones al respecto, los refugiados rohingya son deportados con regularidad . En mayo de 2025, por ejemplo, las autoridades indias devolvieron a un total de 140 refugiados rohingya en dos incidentes distintos, incluyendo uno en el que decenas de ellos fueron abandonados en el mar tras haber recibido chalecos salvavidas.

Aceh, Indonesia, 19 de noviembre de 2023. Una embarcación con 220 refugiados rohinyás a bordo llega a la costa de Aceh. Llegadas como esta han continuado durante 2024 y 2025, a medida que los refugiados rohinyás huyen del empeoramiento de las condiciones en Myanmar y de los campamentos superpoblados en Bangladesh, enfrentándose a peligrosas travesías marítimas en busca de seguridad.

La persecución, los conflictos, el reclutamiento forzoso y los impuestos no son las únicas presiones que enfrenta la población de Myanmar en 2025. Dado que Myanmar es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, los desastres naturales —como ciclones, inundaciones y deslizamientos de tierra— y el calentamiento global también se están convirtiendo en importantes factores de desplazamiento.

En marzo de 2025, un terremoto causó la muerte de casi 4,000 personas, dejó 5,000 heridos y a otros 6 millones con una necesidad urgente de ayuda humanitaria. Descrito como «el terremoto más fuerte que el país ha experimentado en un siglo», la catástrofe desplazó a decenas de miles de personas. Tras el sismo, el Tatmadaw «intensificó los ataques en lugar de facilitar la ayuda» , empeorando así una situación ya de por sí desesperada. Este comportamiento llevó a algunos analistas internacionales a señalar que se trataba de un intento de instrumentalizar la ayuda humanitaria bloqueando o robando recursos en un momento de crisis. Fundamentalmente, estas dos crisis «interactúan… de forma que se refuerzan mutuamente» : por un lado, el conflicto en curso obstaculiza los esfuerzos medioambientales, mientras que, por otro, los efectos del cambio climático generan mayor inestabilidad, lo que, a su vez, agrava el conflicto.

A pesar de la escasa cobertura mediática de la crisis en Myanmar, el país atraviesa una confluencia de graves problemas, como el conflicto, el servicio militar obligatorio, los impuestos punitivos, los recortes de ayuda y los fenómenos climáticos extremos. Estos factores se están convirtiendo progresivamente en determinantes causas de migración y desplazamiento en la región, con la probabilidad de que un número creciente de personas opte por rutas irregulares ante la tributación de los trabajadores migrantes y la ausencia de vías formales.

A pesar de la prolongada duración de las crisis, las respuestas regionales, en particular las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), han sido limitadas hasta el momento . La ASEAN, por ejemplo, mantuvo su principio de no injerencia , lo que impidió el establecimiento de un enfoque coordinado y estructurado para apoyar a Myanmar y abordar la migración mixta en la región.

La financiación es otro factor importante que agrava la crisis de Myanmar . Debido a los prolongados recortes a la ayuda internacional, millones de ciudadanos birmanos, así como los servicios e instalaciones que sustentan a la población, corren un mayor riesgo humanitario, lo que amenaza no solo la estabilidad del país, sino también la de toda la región.

A menos que los actores locales y globales restablezcan la ayuda necesaria y las circunstancias en Myanmar mejoren en todos los frentes, es probable que la situación en el país se deteriore aún más, empujando a las personas vulnerables a peligrosas migraciones fuera de las vías legales.