Retornos y reintegración

Los retornos se producen por diversas motivaciones y en distintas circunstancias, que van desde retornos independientes o voluntarios hasta deportaciones y expulsiones.

En principio, los retornos forzosos se refieren a la deportación o expulsión de personas por parte de las autoridades, llevada a cabo en contra de su voluntad. Los retornos voluntarios suelen surgir de la decisión voluntaria de las personas refugiadas y migrantes de regresar a su país de origen, a menudo con el apoyo de programas específicos de retorno voluntario y reintegración gestionados por la OIM u otras organizaciones y socios.

En la práctica, el límite entre el retorno voluntario y el forzoso suele ser difusa. Muchas personas migrantes se sienten presionados a regresar debido a dificultades económicas, la pérdida de su estatus legal o entornos coercitivos, lo que pone en entredicho la noción de retorno voluntario. En estos casos, el concepto de "retorno aceptado" ofrece una perspectiva más adecuada para analizar los procesos de toma de decisiones en el contexto del retorno. Los retornos aceptados, por ejemplo, pueden darse cuando personas migrantes en situación irregular, incluidos solicitantes de asilo o refugiados a quienes se les ha retirado el permiso de residencia, cooperan con las autoridades para su retorno. Sin embargo, su decisión puede verse influenciada por un ordenamiento jurídico y posibles sanciones, lo que limita sus opciones más allá del retorno.

El retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en el país reduce el número de personas en situación irregular. Sin embargo, existen pocas pruebas que demuestren que la amenaza de retornos forzosos sea un elemento disuasorio eficaz para reducir la migración irregular. Las políticas centradas en la expulsión, la deportación o la devolución forzosa tienden a empujar a las personas migrantes y refugiadas hacia rutas más peligrosas o clandestinas, en lugar de detener el movimiento por completo. Ampliar las vías seguras y regulares, y garantizar procedimientos de retorno dignos y basados ​​en los derechos, junto con un apoyo suficiente y a largo plazo para la reintegración, resulta mucho más eficaz para abordar la migración irregular a largo plazo.

Las experiencias de reintegración dependen en gran medida de cómo se lleva a cabo el retorno y del apoyo disponible antes, durante y después del mismo. Una preparación inadecuada —incluido el acceso limitado a información, asesoramiento o asistencia financiera— puede dejar a los retornados desprevenidos y vulnerables. Muchos se enfrentan a deudas, dificultades económicas o estigma social, especialmente aquellos que son repatriados por la fuerza. Los migrantes detenidos antes de su retorno suelen tener menos acceso a información, asesoramiento y preparación, lo que dificulta aún más su reintegración. Las violaciones de derechos durante los procesos de retorno, incluida la detención o el uso de la fuerza, pueden causar traumas y mermar la capacidad de las personas para reconstruir sus vidas. Un apoyo sostenido y a largo plazo para la reintegración —económico, psicosocial y social— puede ayudar a las personas a reconstruir sus vidas.

Los retornos suelen ser gestionados por las autoridades nacionales de los países de destino, a menudo en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que gestiona programas de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración (RVA). En Europa, Frontex también participa cada vez más. Además, otras organizaciones, como agencias de la ONU, ONG internacionales y locales, entre otras, pueden desempeñar un papel en la asistencia posterior al retorno. 

El principio de no devolución es fundamental en el derecho internacional y prohíbe el retorno de una persona a un país donde pueda ser objeto de persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes, u otros daños graves. Está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como en instrumentos más amplios de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En resumen, nadie, independientemente de su estatus, debe ser devuelto a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro.

Si bien suele asociarse con las personas refugiadas, el principio de no devolución se aplica a todos los migrantes, independientemente de su estatus legal. Esto incluye a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas y a los migrantes en situación irregular que podrían sufrir peligro, abusos o detención si regresan a un país determinado. Por lo tanto, este principio protege a toda persona en riesgo de sufrir daños graves.

Por ejemplo, cuando las personas son interceptadas en el mar o devueltas a Libia —ya sea por la Guardia Costera libia (a menudo con financiación y coordinación de la UE) o mediante acuerdos de cooperación con estados europeos—, con frecuencia corren un alto riesgo de detención arbitraria, tortura, violencia sexual, trabajos forzados y extorsión. Estas acciones pueden constituir una violación del principio de no devolución.

Garantizar el principio de no devolución es fundamental para cualquier proceso de retorno digno y basado en los derechos, ya que asegura que nadie sea enviado de vuelta a una situación de peligro.

Cuando las condiciones que motivaron la migración permanecen inalteradas —o incluso empeoran— muchos consideran volver a migrar. Quienes regresan a una situación de dificultades económicas, inseguridad o estigma social pueden ver la remigración como su única opción viable.

Esto puede parecer contradictorio, pero tanto la reintegración fallida como la exitosa pueden conducir a nuevas migraciones por diferentes razones. La reintegración fallida puede atrapar a las personas en una inmovilidad involuntaria: desean irse, pero carecen de los medios para hacerlo. La reintegración exitosa puede brindarles los recursos y la confianza necesarios para emigrar nuevamente si existen mejores oportunidades en otros lugares.

Reforzar el apoyo a la reintegración, junto con abordar las causas de la migración, es esencial para garantizar que el retorno se convierta en una opción genuina y sostenible, en lugar de una pausa temporal.

Desde 2017, MMC lleva a cabo investigaciones sobre la dinámica del retorno y la reintegración, basándose en datos recopilados a través de sus encuestas 4Mi Return con personas que han regresado a sus países de origen. Estas encuestas recogen experiencias de primera mano sobre el retorno, incluyendo cómo se produce, las condiciones en las que tiene lugar y cómo las personas reconstruyen sus vidas posteriormente. Mediante este trabajo, MMC proporciona información independiente y basada en evidencia para fundamentar políticas y prácticas de retorno y reintegración sostenibles y basadas en derechos en todo el mundo.